El Gobierno analiza ampliar las posibilidades de deducir del ingreso sujeto al impuesto a las ganancias distintos gastos informados por los contribuyentes. La medida apunta a actualizar los conceptos y topes actualmente habilitados, con el objetivo de aliviar la carga tributaria y fomentar la formalidad económica.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la intención oficial es ampliar “fuertemente” las deducciones en el impuesto a las ganancias que pagan las personas con determinados niveles de ingresos. Según explicó, la iniciativa —que requerirá la aprobación de una ley— buscaría no solo reducir el impacto del tributo sobre los salarios, sino también incentivar la solicitud de facturas al momento de realizar compras o contratar servicios, fortaleciendo así el circuito formal de la economía.
Las deducciones son montos que se restan del ingreso sobre el cual se calcula el impuesto a las ganancias y, por lo tanto, reducen la carga fiscal. Se dividen en tres grandes categorías:
• Deducciones generales, aplicables a todos los contribuyentes, cuyo monto varía según se trate de asalariados, jubilados o autónomos. Estas determinan, en muchos casos, quiénes quedan exentos del impuesto.
• Deducciones por familiares a cargo, que contemplan cónyuges, hijos u otras personas dependientes.
• Deducciones por determinados gastos, detallados en la normativa vigente, como servicios domésticos, alquiler de vivienda o gastos médicos, entre otros.
En cuanto a los montos deducibles, existen límites o topes que restringen la porción del gasto que puede restarse del ingreso imponible. Algunos de estos valores se actualizan automáticamente por inflación —como los vinculados al personal doméstico o al alquiler—, mientras que otros permanecen congelados desde hace más de veinte años, a la espera de decisiones políticas que nunca se concretaron.
Fuentes del Ministerio de Economía adelantaron que el nuevo esquema podría incluir una actualización integral de los montos y una ampliación de los rubros alcanzados, entre ellos gastos en educación, salud, y servicios profesionales. La medida se enmarca en la intención oficial de modernizar el sistema tributario, hacerlo más equitativo y adaptarlo a los niveles de precios actuales.
De concretarse, esta reforma representaría un alivio para los trabajadores y profesionales alcanzados por el impuesto, y a la vez, un paso hacia una estructura impositiva más justa y transparente.
