Ese mismo 3 de noviembre, en una conferencia de prensa desde Río Tercero, el entonces presidente Carlos Menem sostuvo que se trataba de un accidente.
Años más tarde, la Justicia determinó que la voladura había sido intencional, con el objetivo de encubrir el faltante de armamento vendido ilegalmente a Croacia y Ecuador. En 2014, cuatro militares retirados fueron condenados por estrago doloso seguido de muerte, con penas de entre 10 y 13 años de prisión.
El procesamiento de Menem quedó suspendido durante años y recién fue elevado a juicio en noviembre de 2020, pocos días antes del 25º aniversario del estallido. El expresidente falleció el 14 de febrero de 2021.
Recién en abril de 2025, tres décadas después, el Estado nacional acató una orden judicial y comenzó a pagar las indemnizaciones a los damnificados. Se estima que unas 8 mil personas recibirán compensaciones por daño moral y material, mediante el pago en bonos, por un monto aproximado de 8 millones de pesos cada una.
