Con 20 votos a favor sobre 31, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la muerte asistida por ley, sumándose a naciones como Canadá, España, Nueva Zelanda y los Países Bajos.
La norma permite acceder al procedimiento a mayores de edad, ciudadanos o residentes, en etapa terminal de una enfermedad incurable o con sufrimientos físicos o psíquicos insoportables, siempre que estén mentalmente aptos y expresen su decisión por escrito, ante testigos.
El proceso incluye varias instancias de evaluación y la posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento. Además, se creará una comisión de revisión encargada de controlar los casos y presentar informes anuales.
